YO ACUSO...

Tal día como hoy, al amanecer del día 17 de julio de hace 70 años, fue asesinado Ernesto Sempere Beneyto. El crimen fue ejecutado mediante fusilamiento, ordenado por un ilegal tribunal formado por militares golpistas tras una farsa de consejo de guerra a modo de juicio y una parodia de sentencia. Su asesinato, como los otros 197.000 de fieles a la República, pretendía acallar el espíritu y liquidar la conciencia y la vida de una persona comprometida con la Democracia y con la socialización y redistribución de la riqueza.

Ingeniero Industrial, funcionario técnico de la Diputación Provincial de Ciudad Real, Presidente provincial del Instituto de Reforma Agraria, Jefe de la Junta de Incautación de grandes fincas no cultivadas en aplicación de la Reforma Agraria, Presidente provincial del Partido Radical Socialista, más tarde Presidente provincial del partido Unión Republicana y representante por este partido a la candidatura del Frente Popular en las elecciones legislativas de febrero de 1936, gobernador civil en funciones, fundador, reclutador y Mayor del 36º Batallón de Obras y Fortificación del Ejército Popular de la República y Jefe del Estado Mayor de Ingenieros de la Agrupación de Divisiones Toral, al terminar la guerra y comenzar la represión, Ernesto Sempere Beneyto fue detenido y asesinado por su fidelidad al Estado republicano, por su militancia política y por su activa presencia en la sociedad civil y militar de Ciudad Real. Hoy, 70 años después de aquel réprobo asesinato, Ernesto Sempere Beneyto sigue esperando justicia y su familia sigue exigiendo la anulación del juicio y la condena de sus verdugos.

Por ello, en nombre del asesinado Ernesto Sempere Beneyto, de su hijo el encarcelado Ernesto Sempere Villarrubia y de todos los millones de represaliados por el franquismo, YO ACUSO:

Presos republicanos, forzados a formar con sus cuerpos el nombre de Franco, en la cárcel de Jaen. 1953.
Yo acuso a la casa real Borbón de España y a la Grandeza y Aristocracia española, de participar activa e interesadamente entre 1936 y 1939 en la insurrección que puso fin al legal Estado Republicano y que liquidó la Constitución, las leyes y las instituciones que democráticamente y de forma pacífica se habían dado a sí mismos los ciudadanos.

Yo acuso a la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana española, de organizar e impulsar entre 1936 y 1939 una red clerical de apoyo ético, moral y logístico a los criminales sublevados que con sus armas pusieron fin violentamente al Estado Republicano.

Yo acuso a las grandes fortunas españolas --burgueses, empresarios, banqueros y nobles rentistas--, de cometer entre 1936 y 1939 crímenes contra el Estado republicano y contra sus ciudadanos, financiando, pertrechando, municionando y dando cobertura logística a los sublevados.

Yo acuso a las cúpulas y militantes de la CEDA, de los partidos monárquicos, de las organizaciones tradicionalistas, de las JONS y de la Falange Española, de perpetrar entre 1936 y 1939 el asesinato de decenas de miles de defensores fieles a la II República española.

Soldado franquista posa sonriente junto a una pira en combustión de libros escolares, prohibidos por el ejército de ocupación fascista.

Y yo acuso al Ejército español, de cometer entre 1936 y 1939 el más brutal acto de represión contra ciudadanos libres e inocentes, causando premeditadamente la muerte de 197.000 personas, practicando el secuestro y la tortura contra otras 500.000 y oprimiendo las vidas y los derechos civiles y políticos de otros muchos millones más.

En resumen, ...

Yo acuso a los Borbones, a los nobles y aristócratas españoles, a la Iglesia Católica, a los burgueses, empresarios, banqueros y nobles rentistas, a los partidos monárquicos y tradicionalistas, a Falange y al Ejército español de ser culpables, por acción u omisión, de execrables crímenes de lesa Humanidad y de causar el cruento baño de sangre que la rebelión armada provocó entre 1936 y 1939 en la inerme ciudadanía fiel al Estado Republicano.

Yo acuso a los Borbones, a los nobles y aristócratas españoles, a la Iglesia Católica, a los burgueses, empresarios, banqueros y nobles rentistas, a los partidos monárquicos y tradicionalistas, a Falange y al Ejército español de amparar, sustentar y perpetuar durante los 40 años comprendidos entre 1936 y 1975, una terrible dictadura que acabó con las vidas, la libertad y la hacienda de sus opositores y de todos aquellos a los que consideró tibios o desafectos con el nuevo orden.

Las Trece Rosas, fusiladas meses más tarde, y algunas compañeras más.
Y aún más,...

Yo acuso a los ciudadanos Juan Carlos Borbón Borbón y Sofía Grecia Dinamarca, de seguir siendo --HOY, en julio del año 2010-- herederos por designación directa del dictador y, por ende, cómplices naturales de los criminales privilegios y prebendas que como jefe de Estado usurpó el traidor funcionario Francisco Franco, jefe de los triunfantes ejércitos sublevados.

Yo acuso al ciudadano Juan Carlos Borbón Borbón,. supuesto “Rey” del ilegal régimen monárquico español, de ser --HOY, en julio del año 2010-- beneficiario natural del asesino dictador Francisco Franco, de conferirse ilegítimamente la máxima autoridad civil y militar del Estado español, de no estar legitimado para el ejercicio de dichos cargos por la soberanía popular expresada mediante el sufragio universal, de no someterse al veredicto de las urnas y de incrementar irregularmente su fortuna, merced a opacas asignaciones presupuestarias estatales y a especulativos y exitosos movimientos financieros y bursátiles de dudosa explicación.

Yo acuso a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana española de seguir obteniendo --HOY, en julio del año 2010-- réditos financieros y patrimoniales gracias al prestigio e influencia adquiridos merced a la colaboración prestada por la Curia al franquismo, a costa de la vida y los bienes de decenas de miles de represaliados por el fascismo y el franquismo.

Yo acuso a muchos de los más altos burgueses, grandes empresarios, banqueros y nobles rentistas de la España de HOY --julio del año 2010-- de continuar fundamentando el origen remoto de sus fortunas o el desarrollo más cercano de sus riquezas en los beneficios conseguidos por apoyar financieramente a los rebeldes, expoliar bienes muebles e inmuebles propiedad de las personas e instituciones fieles a la II República, explotar como mano de obra esclava y forzada a decenas de miles de prisioneros republicanos y oprimir a los trabajadores ilegalizando sus sindicatos y su derecho a la huelga y a la negociación colectiva.

Mujeres republicanas represaliadas en Montilla, Córdoba.

Yo acuso a buena parte del Ejército español, de no revisar su pasado y de no condenar las acciones criminales de los militares que traicionaron al Estado legal republicano y que cometieron entre 1936 y 1975 decenas de miles de crímenes contra la Humanidad y que oprimieron la vida y los derechos civiles y políticos de los españoles. Igualmente, yo acuso al Ejército español de seguir rindiendo --HOY, julio del año 2010-- homenaje a estos militares criminales, conservando sus estatuas, bustos, banderas, mosaicos y advocaciones en el interior de sus cuarteles.

Yo acuso al Tribunal Supremo de impedir premeditadamente --HOY, año 2010-- con sus sentencias la revisión de las condenas y la anulación de los actos administrativos y jurídicos de los falsarios tribunales y consejos de guerra franquistas.

Yo acuso a la Audiencia Nacional de prevaricar --HOY, año 2010-- al acusar precisamente de prevaricador al juez Baltasar Garzón por declararse competente en la causa por la investigación de los crímenes franquistas.

Yo acuso a la inmensa mayoría de los congresistas, senadores, diputados autonómicos y provinciales y concejales del Partido Popular de culpabilidad dolosa y de complicidad indirecta con los criminales franquistas por obstaculizar deliberadamente el acceso franco e inmediato a archivos y registros locales y provinciales, por impedir la investigación de los crímenes de lesa Humanidad franquistas y la persecución de sus autores y por hacer revisionismo histórico, elaborando un argumentario teórico que viene a justificar la sublevación y sus criminales consecuencias.

En esta portada de "la Voz" de Córdoba puede verse cómo el ejército de ocupación franquista cumplimenta con pulcritud el protocolo del procedimiento de detención y agrupamiento de posibles desafectos republicanos. El citado protocolo finalizaba casi invariablemente con el fusilamiento de los detenidos en la cuneta de la carretera. Para ello, se les disponía en fila mirando de frente a los tiradores antes de ser aasesinados, momento escalofriante que parece recoger la imagen de época, tomada el 21 de agosto de 1936.

Y por último, yo acuso a la inmensa mayoría de los congresistas, senadores, diputados autonómicos y provinciales y concejales del Partido Socialista Obrero Español de culpabilidad dolosa y de complicidad indirecta con los criminales franquistas por aprobar en el Parlamento una Ley sobre recuperación de la memoria histórica que no reconoce la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa Humanidad; una Ley que obliga a las familias a realizar ellas mismas las gestiones que debieran llevar a cabo de oficio las autoridades públicas para investigar, localizar y exhumar las fosas; una Ley que perpetúa los perversos efectos de la oprobiosa Ley de punto final o de Amnistía de 1977; una Ley injusta e inmoral.

Por ello, en nombre del asesinado Ernesto Sempere Beneyto, de su hijo el encarcelado Ernesto Sempere Villarrubia y de todos los millones de represaliados por el franquismo, YO ACUSO.