TODOS LOS ROSTROS: Por un normal cumplimiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos en España

Hoy puede leerse en los medios de comunicación de ambos lados del Atlántico la siguiente información: "Las asociaciones de la memoria histórica del Estado español preparan un duro golpe contra Zapatero. En 48 horas, medio centenar de ellas irán a Moncloa [sede del presidente del gobierno español] para protestar por la ineficacia y el caos ocasionado por esta ley. De ella dicen que es una vergüenza histórica.".

Esta acción es un paso más en el desarrollo de la campaña "Por un normal cumplimiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos en España para el caso de los desaparecidos del franquismo", que por iniciativa del jurista Miguel Ángel Rodríguez Arias, cuenta con la organización y el decidido impulso conjunto y simultáneo de más de 50 de los principales grupos y asociaciones memorialistas españolas, entre las que es obligado reseñar --entre otras-- la muy significativa participación de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, de la Federación de Foros por la Memoria y de muchas de las asociaciones y entidades integradas en la Coordinadora de Colectivos de Víctimas del Franquismo.

Estos colectivos, agrupaciones, asociaciones y foros han llegado a consensuar un contundente comunicado, por el que califican a la Ley de Memoria Histórica aprobada por el Parlamento español a propuesta del gobierno "socialista" de Rodríguez Zapatero como ley de "vergüenza histórica". Los colectivos harán manifiesta su protesta durante la mañana del día de mañana martes 7 de junlio de 2009, a las 12:00 horas. El texto del comunicado es el siguiente:

Nuestra ley de la “memoria histórica” es la ley de una “vergüenza histórica”:

"El modelo de búsqueda, localización y exhumación de los desaparecidos del franquismo vigente hoy en España es el de la Orden de Franco de Mayo de 1940 – que nuestra ley “de la memoria” copia – no el del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ni el de Naciones Unidas.

Por ello, como si España estuviese fuera de Europa, o de las Naciones Unidas, en vez de una “investigación oficial efectiva e independiente”, sin tardanza, y por iniciativa de nuestras autoridades nacionales – no de las familias –, como exige el Tribunal Europeo, tenemos una ley que es un laberinto jurídico, que no recoge ni una sola de las obligaciones internacionales del Estado en materia de “verdad, justicia y reparación” y que no garantiza, en modo alguno, los derechos fundamentales de los familiares de los desaparecidos.

Tras treinta años de democracia y Estado de Derecho España no ha cumplido, todavía, ni una sola de sus obligaciones en la materia, a pesar de seguir siendo en la actualidad el segundo país del mundo en cifras de desaparecidos, tan sólo superadas las 150.000 víctimas de nuestras fosas clandestinas – y el indeterminado número de niños robados por la dictadura – por las cifras del régimen de Pol Pot en Camboya.

Lamentamos que en la elaboración de la ley nuestras autoridades hayan preferido seguir el sistema de garantía de derechos y libertades previsto por Franco al del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o al de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, negando con ello, de forma contraria a la legalidad internacional, la normal aplicación en nuestro territorio de los artículos 2 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos a todas estas víctimas. Sentimos también que España no haya recogido las exigencias de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (Res. 47/133 de la Asamblea General, de 18 de diciembre de 1992) ni se haya hecho eco de las contundentes observaciones finales adoptadas por el Comité de Derechos Humanos del pasado 30 de octubre de 2008.

Lamentamos que, con ello mismo, nuestras autoridades democráticas – no ya la sangrienta dictadura franquista precedente – vengan haciéndose responsables de la prolongación de la incertidumbre y el sufrimiento de los familiares de los desaparecidos, lo que es constitutivo de un trato cruel e inhumano prohibido por el Convenio Europeo de Derechos Humanos (artículo 3), por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 7) y por la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (artículos 1 y 16); todo ello mientras se continúan desatendiendo obligaciones esenciales, recientemente reiteradas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos. Las necesidades específicas de colectivos de familiares de desaparecidos en grandes fosas deben ser igualmente reconocidas.

Lamentamos que nuestro Gobierno no haya emprendido, todavía, medida alguna ante el caso de los “niños perdidos” del franquismo – que la llamada ley “de la memoria” ni siquiera menciona – a pesar de tratarse de desaparecidos aún en vida, buscados por sus familias y para los que cada día que sigue pasando sin actuación de nuestras autoridades resulta, además, en una adicional privación de su “derecho a la vida familiar” conforme el Convenio Europeo de Derechos Humanos (artículo 8), y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 23), obstruyéndose así la reagrupación de estas familias desgarradas por la dictadura.

A la vista de todo ello, los firmantes del presente comunicado pedimos al Gobierno de España que cumpla con su obligación de dar normal aplicación en el país al Convenio Europeo de Derechos Humanos, y a todas las normas internacionales que le obligan, y atienda a su deber, moral y jurídico, de ofrecer “verdad, justicia y reparación” respecto los desaparecidos del franquismo y sus familiares, comenzando por modificar la vigente ley y articulando un sistema de búsqueda, exhumación e identificación de los casos de las fosas – y de localización de los “niños perdidos” – mediante una Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos participada por representantes de la fiscalía y la judicatura, del Gobierno de la nación, de los cuerpos policiales y las instituciones de derechos humanos así como de las asociaciones, entre otros, conforme los estándares internacionales."

Organizaciones que respaldan el comunicado, por orden alfabético.

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1- Agrupación de familiares y amigos de los republicanos muertos y represaliados en la prisión de Valdenoceda.

2-Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia.

3- Asociación Catalana de Juristas Demócratas

4-Asociación Comarcal de MH del Condado de Huelva

5-Asociación contra el Silencio y el Olvido y Por la Recuperación de la Memoria Histórica de Málaga.

6-Associació Cultural Memòria i Justicia d'Elx i Comarca.

7-Asociación de Familiares de Ejecutados en el Cementerio de Ocaña (AFECO).

8-Asociación de Familiares de Fusilados y Desaparecidos de Navarra

9-Asociación de familiares la barranca, rioja

10-Asociación Dignidad y Memoria. Marchena (Sevilla)

11-Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH)

12- Asociación Memoria Histórica de Cádiz PCE-A.

13-Asociación Pablo Iglesias de Almansa

14-Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

15-Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera.

16-Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (ARMHA).

17-Asociación para la Recuperación de Memoria Histórica de Arucas.

18-Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya.

19-Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (ARMHEX)

20-Asociación para la Recuperación de Memoria Histórica de Mérida.

21-Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Palencia.

22-Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid.

23-Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de Mallorca.

24-Asociación pola Memoria Histórica de O Grove

25-Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido, ARAGON (A.R.I.C.O.)

26-Comisión pola Memoria Histórica do 36 de Ponteareas.

27-Confederación General del Trabajo.

28- Federación de Foros por la Memoria de España.

29-Foro por la Memoria de Andalucía

30-Foro por la Memoria de Argentina

31-Foro por la Memoria de Cádiz

32-Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid

33-Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar

34-Foro por la Memoria de Granada

35-Foro por la Memoria de Guadalajara

36-Foro por la Memoria de Huelva

37-Foro por la Memoria de Jaen

38-Foro por la Memoria de La Rioja

39-Foro por la Memoria del Oriente de Asturias (Federación Asturiana)

40-Foro por la Memoria de Santaella

41-Foro por la Memoria de Segovia

42-Foro por la Memoria de Toledo

43-Foro por la Memoria del Valle del Tietar y la Vera

44-Foro por la Memoria Histórica de Málaga

45- Fòrum per la Memòria del País Valencià

46- La Gavilla Verde

47- Grupo de Trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucia (CGT.A)

48- Grup per la Recerca de la Memoria Històrica de Castelló.

49- Héroes de la República y la Libertad.

50- Memoria, Libertad y Cultura Democrática (Sevilla)

51- Mémoires partagées.

52- Mémoire de l\'Espagne républicaine 82

53- Nuestra Memoria (Sierra de Gredos y Toledo).

54- Salamanca Memoria y Justicia.

55- Todos los Rostros.

56- Unidad Cívica por la República.

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For the proper enforcement in Spain of the European Convention on Human Rights in the case of the disappeared under Franco’s regime

Our law of "Historic Memory" is a law of "Historic Shame".

The pattern used in Spain and in force nowadays to search, find and exhume those disappeared under Franco’s regime is that of Franco’s Order dated May 1940 –copied by our "Memory" Law- not that of the European Court of Human Rights or that of the United Nations.

That is why, as if Spain were not part of Europe, or the United Nations, instead of a prompt "official, effective and independent investigation " and led by our national authorities – not by the relatives of those disappeared-, as requested by the European Court, we have a law which is a legal maze, failing to include even one of the State’s international obligations on “truth, justice and reparation" and failing to guarantee, at all, the fundamental rights of the relatives of those disappeared.

After thirty years of democracy and the Rule of Law, Spain has not yet complied with any of its obligations in this field, despite the fact that it continues to be, nowadays, the second country in terms of the number of people disappeared. The 150,000 victims of our clandestine graves – and the undetermined number of children stolen by the dictatorship – are only outnumbered by those of Pol Pot’s regime in Cambodia.

We regret that when the law was drawn up, our authorities preferred choosing the system to guarantee rights and freedoms planned by Franco than that of the European Court of Human Rights, or that of the Inter-American Court on Human Rights. By so doing, they denied, in contradiction with international law, the proper enforcement in our territory of articles 2 and 13 of the European Convention on Human Rights to all these victims. We also regret that Spain has not met the demands of the Declaration on the Protection of all Persons from Enforced Disappearance adopted by General Assembly resolution 47/133 of 18 December 1992 or complied with the emphatic concluding observations and recommendations adopted by the Human Rights Committee on 30th October 2008.

We regret that, with this, our democratic authorities – not the previous bloody dictatorship of Franco – have continued to be responsible for the continuation of the uncertainty and the suffering of the relatives of those disappeared, amounting to cruel and inhuman treatment banned under the European Convention on Human Rights (article 3), the International Covenant on Civil and Political Rights (article 7) and the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (articles 1 and 16); all this while basic obligations continue to be neglected, as recently pointed out by the European Court of Human Rights and the Human Rights Committee. The specific needs of groups of relatives of those disappeared in large graves must also be acknowledged.

We regret that our Government has not yet taken any measures in the face of the case of the "stolen children" of Franco’s regime – which the so-called "Memory" Law does not even mention – despite their being disappeared people that are still alive, searched by their families and for whom every passing day with our authorities failing to take action is, also, an additional loss of their "Right to respect for private and family life" under the European Convention on Human Rights (article 8), and the International Covenant on Civil and Political Rights (article 23), thus blocking the regrouping of these families broken by the dictatorship.

In light of all this, the undersigned organisations call on the Government of Spain to comply with its obligation to properly enforce in the country the European Convention on Human Rights, and all the international standards it is bound to enforce and fulfil its moral and legal obligation to offer "truth, justice and reparation" to all those disappeared under Franco’s regime and their relatives, beginning by changing the current law and developing a system to search, exhume and identify the cases of the graves – and the location of the "stolen children" – by means of a National Commission to Search those Disappeared which includes and involves representatives of the Prosecutor’s Office and members of the judiciary, the Government, the police force and human rights institutions, as well as organisations, in accordance with international standards.

See below the list of organisations signing this document, in alphabetical order.